Nos encontramos desfigurados. Nos hemos quedado relegados. Nos hemos visto arrasados. Nos hemos hecho inmunes. Nos barren el terreno. Nos bombardean a cada paso. Nos lo recuerdan cada día. Nos hemos llegado a insertar en la impunidad más absoluta. Nos hemos plegado a la marca España, una marca que tiene una impronta propia simbolizada y que también perdura en 2013.
La marca España se puede ver cuando se instala un busto en el Senado con la figura de Manuel Fraga definida por el Partido Popular como un homenaje a la política con “mayúsculas”. Fue tan mayúsculo él que siempre abogó por el golpe de estado de Franco en 1936, que llegó a afirmar “la calle es mía” negando las manifestaciones del Primero de Mayo, que supo reconvertirse para organizar el viejo aparato de la dictadura franquista constituyéndolo como nuevo partido, que orquestó campañas de desinformación y control de la libertad de expresión prohibiendo diversas publicaciones en oposición al régimen cuando ocupaba el puesto de Ministro, que ocupó el cargo responsable de las fuerzas del orden durante los sucesos de Vitoria en 1976 en donde murieron cinco personas y que tuvo responsabilidades directas en sentencias de muerte (Julián Grimau, Salvador Puig Antich, Joaquín Delgado y Francisco Granado) así como numerosas torturas y manipulaciones flagrantes para vender un asesinato como un suicidio (Enrique Ruano). A pesar de todo ello, se le reconoce y se le ensalza como adalid de la democracia.
La marca España se puede ver cuando hay dos varas para medir de justicia: la de Alfonso Fernández ‘Alfon’ y la de Ángel Carromero. El primero cumplió su merecido castigo de 56 días en régimen de aislamiento FIES-5 (una cárcel dentro de otra cárcel) después de que el pasado 14 de noviembre fuera detenido junto a su novia cuando se disponían a participar en un piquete informativo con motivo de la jornada de huelga general. Casi dos meses de condena para el joven de 21 años sin antecedentes penales ni historial alguno de detenciones y pese a que la acusación infundada de tenencia de explosivos en su mochila, que él siempre ha negado llevar encima, se demostrara deshecha después de no encontrar ninguna huella de los dos en dicho material. Frente a tamaño elemento de peligro, se encuentra la figura del segundo, dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. A sus 27 años acumulaba 42 multas de tráfico desde 2009 (tres del total fueron por exceso de velocidad), por lo que le fue notificada por la Dirección General de Tráfico la retirada del permiso de conducción en mayo de 2012. Aún así, el conductor modelo decidió desplazarse a Cuba sin puntos en el carné para embarcarse en un viaje que se podría enmarcar en la categoría de turismo de financiación política. Al mando del vehículo, él, tan prudente como antaño, sobrepasó los 100 kilómetros por hora en una zona cuyo límite era de 60 y acabó teniendo que dar un volantazo terminando el coche estrellado contra un árbol falleciendo en el accidente los disidentes cubanos que le acompañaban Oswaldo Payá y Harold Cepero (que serían casualmente los receptores de dicho dinero procedente del PP). Por ello fue condenado a cuatro años de cárcel en el país cubano (durante el tiempo en que permaneció en ella cobró del Ayuntamiento de Madrid 8.000 euros por sus funciones de asesor municipal aún sin acudir al trabajo) pero Exteriores pactó su extradición y posterior liberación (previo paso teatral en el penal de Segovia para la concesión del tercer grado) en España a cambio de 3 millones de euros, posición similar que el Gobierno adopta con los 2.500 españoles en cárceles extranjeras. Ahora, ¿adivinan para quién pide la Fiscalía el reingreso en prisión y para quién gente de su partido pide el indulto?
La marca España se puede ver cuando se descubre que Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, acumuló 22 millones de euros (de los cuales regularizó 10 acogiéndose a la amnistía fiscal promovida por los suyos que gravaba el rendimiento y no el patrimonio al 3% aunque Hacienda trate de negarlo, por lo que ya han salido los inspectores de la misma, los cuales se ofrecen a revisar gratis la contabilidad de los populares, al paso afirmando que ese comunicado se hizo a conveniencia del PP para no admitir que se estaba blanqueando dinero con total impunidad) en una cuenta bancaria en Suiza, la cual vació tras su imputación en el caso Gürtel. Y eso es tan sólo en una, la cual representaba menos de la mitad de su patrimonio. Poseía otras tres cuentas en el país helvético así como otras dos en Nueva York, a las cuales transfirió 2,5 millones. “Es un ejemplo de profesionalidad y buen hacer”, decían en Génova sobre el propio Bárcenas en 2009. Es normal. El tipo pagó sobresueldos en negro de entre 5.000 y 15.000 euros durante años a parte de la cúpula del partido, donde decenas de cargos y empleados del mismo firmaron recibos de sobres con billetes. Ahora, sin embargo, proponen una auditoría de las cuentas en la que seguro aparecerá ese dinero en B ya que “no les consta” conocimientos de tales prácticas. Tan sólo el exdiputado Jorge Trías Saigner lo ha reconocido. Se llega a tal punto de cinismo que los populares señalan que “Bárcenas no tiene que ver nada con el PP” cuando el gobierno de Aznar prestó 18 millones de dólares a la empresa argentina del mismo o cuando mantiene coche oficial, escolta (pagado con fondos públicos), despacho y secretaria en la sede (de donde se ha visto por cierto salir una furgoneta con el rótulo “destrucción de documentación confidencial”). Se llega a tal punto de cinismo que Mariano Rajoy dice que no le temblará la mano si tiene conocimiento de irregularidades cuando el propio nombre del presidente aparece en un informe del banco suizo sobre Bárcenas. Se llega a tal punto de cinismo que María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, llegó a decir en su día: “¿A qué si se demostrara que alguien del PP tiene cuentas en Suiza yo tendría que dimitir?” Seguimos aguardando impacientemente a que la mujer de los tres sueldos lo lleve a cabo aunque ella ahora se empecine en modificar sus palabras. El pulso interno es total ya que Bárcenas habría chantajeado a varios cargos del Partido Popular cuando se empezó a investigar el caso Gürtel amenazando con contar informaciones sobre dirigentes populares si no le respaldaban ante las acusaciones, motivo por el cual se habrían producido las filtraciones a la prensa. Hay varias especulaciones sobre la mesa al respecto en el enfrentamiento contra el extesorero, que asegura conservar esa contabilidad B y que amenaza con hacerla pública si el Gobierno no le ayuda a eludir la cárcel. La guinda a todo esto la pone Esperanza Aguirre: “La corrupción nos tiene indignados a los políticos honrados”. No lo dirá por ella. O es demasiado lista o demasiado olvidadiza (Tamayazo en las elecciones para la Asamblea de Madrid del 2003, financiación ilegal de la Fundescam en los actos de campaña para dichas votaciones o colocación de su hijo como asesor del Ministerio de Economía…). Son estos los que luego exponen a expuertas su discurso patriota y sacan a relucir henchidos de orgullo la rojigualda. Será que su capital en cambio, por mucha palabra que vendan, no debe entender de banderas.
La marca España se puede ver cuando Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid (sin pasar por las urnas), admite haber adquirido un ático de lujo en Marbella por 770.000 euros después de que una jueza pidiera información a Hacienda sobre ello. Antes de ello aseguraba que pagaba por él un alquiler de 2.000 euros al mes cuando extrañamente el precio medio de un inmueble similar en la zona ronda los 6.000. Junto a su mujer, Lourdes Cavero, vicepresidenta y adjunta a la presidencia de la Confederación Empresarial de Madrid, agrupan los sueldos de 4.800 euros netos al mes de él y 78.000 euros anuales brutos de ella. Es también extraño que con ese dinero paguen su ritmo de vida, una casa de lujo en Madrid y hasta el pasado diciembre el alquiler del ático marbellí, que ahora, en tiempos económicos tan boyantes, se ha convertido en el desembolso de casi 800.000 euros para hacerse con él. En vez de multiplicar panes y peces, debe de multiplicar dinero. Tan partidario como es de regular las cosas (véase el derecho a huelga ante unas movilizaciones de la marea blanca de sanidad “injustificadas”), hizo lo propio con la presunta trama de espionaje financiada con fondos públicos en la que se vio envuelto hace unos años donde el personal de seguridad recibió órdenes para controlar los movimientos de una lista de personas (Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes, Manuel Cobo, Alfredo Prada…) enfrentados con Esperanza Aguirre dentro del seno del Partido Popular madrileño. Estaban en juego el partido y Caja Madrid. Cuando desde la dirección nacional del PP, a través de su entonces tesorero Álvaro Lapuerta, insinuaron prácticas de espionaje González difundió informaciones que implicaban a dirigentes nacionales del partido en supuestas presiones para que la Comunidad de Madrid adjudicase varios contratos a empresas que tenían relación con ellos o que eran propiedad de cargos del partido. De tal manera, cerraron la investigación interna y olvidaron el caso. La misma suerte corrió cuando sufrió en sus carnes la investigación contra su persona materializada en un mínimo de dos informes sobre el patrimonio (junto con el de su esposa se establecía en ese momento en 1,8 millones), relaciones y adjudicaciones sospechosas realizadas entonces por el vicepresidente madrileño. Así se llegaba a la conclusión de que González era el líder de “un grupo de amigos que crean un negocio particular y, además, obtiene beneficios extra de la Comunidad o del Canal de Isabel II”. En enero de 2012, ya con el Partido Popular en el poder, el Ministerio del Interior releva a la cúpula policial, lo cual coincide con las pesquisas policiales, que no fueron registradas de forma oficial. El Ministro, Jorge Fernández Díaz, negó estos hechos para luego reconocer que sí que se había producido tal investigación pero que era “ilegal”. Al excomisario de Marbella que llevaba el caso, Agapito Hermes de Dios, le desapareció de su despacho las conclusiones en torno al ático de González anteriormente mencionado. Ya se sabe. Quien a buen árbol se arrima…
La marca España se puede ver cuando el Gobierno de la Diputación de Ourense, en manos de José Manuel Baltar, impide iniciar una comisión de investigación sobre la prevaricación cometida por su propio padre, José Luis Baltar, en relación a los contratos a dedo de cargos y familiares del PP en la institución. En la lista de más de 200 casos presentados por el PSOE, la Fiscalía ha apreciado delito en 115 de ellos que constituyen su gran familia. “Tú eres el Partido Popular”, le llegó a decir Mariano Rajoy en un mitin, el mismo que estos días ha asegurado que el PP siempre ha reaccionado con transparencia y rigor cuando ha estado en cuestión. Se le deben pasar casos como el veto a la comparecencia de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, en el caso del Madrid Arena o como cuando el Partido Popular votó en contra y bloqueó con su mayoría para evitar que Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja, compareciese en el Parlamento para explicar el proceso de fusión de Caja Rioja y la situación real de Bankia. Sin embargo, sí que les gusta jugar a detectives privados con otros como cuando una diputada del Partido Popular de Valencia fue pillada in fraganti abriendo armarios en el despacho de Esquerra Unida. Baltar, que basó su red caciquil en intercambiar empleos a cambio de votos, ha solicitado la suspensión temporal de militancia siguiendo pasos tan ilustres como los de Jaume Matas para pasar a argumentar que las diligencias de la investigación son “nulas de pleno derecho”. Igual le da ahora como a su compañera por hacer de Inspector Gadget.
Hasta aquí la primera parte de este bloque dedicado íntegramente al Partido Popular para poder poner en contexto, comprender, digerir y asimilar con detalle la cantidad de información y desinformación que se expone en los diversos soportes comunicativos. Próximamente la segunda entrega con irregularidades de otros partidos, sindicatos, sistema financiero y funcionamiento judicial.
EN FORMA DE PALABRA 