Por su nombre tiene cierto aire de reminiscencia a aquella Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Bajo ese florido nombre se ocultaba la consagración el pago de la deuda y sus intereses a los bancos por encima de mantener un hospital, un colegio o cualquier otra prestación social. Ahora se llama Ley de Seguridad Ciudadana y lo cierto es que de seguridad para la población y carácter ciudadano tiene bien poco. La única verdad que se desprendería de ella es que, efectivamente, va a ser ley. Dicho borrador legislativo será debatido en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios (próximamente será llevado previsiblemente al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica) para acabar posteriormente con su consiguiente aprobación. Ésta vendrá a sustituir a la conocida como ‘ley Corcuera’, que tampoco es que fuera moco de pavo, aumentando las infracciones tipificadas de 39 a 55 así como endureciendo el castigo de las mismas con multas de hasta 600.000 euros. Sí, no he añadido ningún cero por error. 600.000 euros. No es de extrañar que por ello se haya ganado ya el cariñoso apelativo de la “ley de la patada en la boca a la democracia”.
Esta iniciativa, que ya ha sido aplaudida por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, recoge como infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 euros hasta los 600.000 ya comentados) actos como concentrarse o reunirse sin comunicación previa o con prohibición ante las Cortes estatales o autonómicas, usar las redes sociales para este tipo de convocatorias, la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo durante las intervenciones policiales correspondientes durante las manifestaciones (se ve que el vídeo difundido sobre la paliza de varios Mossos d’Esquadra a Juan Andrés Benítez en plena calle en Barcelona, la cual le llevaría a la muerte, ha hecho daño) o los escraches a cargos públicos. Acciones como éstas, sin embargo, han sido en ocasiones archivadas por parte de varios jueces y no han constituido merecimiento de sanción ni pena alguna. Dentro de no mucho estará tipificado como ley, lo cual se venderá a la población como la última innovación en materia de seguridad. Sí, por la suya. Por la seguridad de que no se les plantee molestia alguna a aquéllos y aquéllas que pertenecen a esa élite extractiva política y económica que se hace llamar demócrata pero que presenta este anteproyecto de catadura moral cínica y de dignidad ínfima. Así, dirán que hay que atenerse a la legalidad pero “nada hay tan anárquico como el poder”, que diría el Marqués de Sade.
Es la represión y la criminalización hecha ley (aún más si cabe) a través de una dictadura a base de decreto. Es un ataque cristalino a la separación de poderes si es que aquí alguna vez ha existido tal cosa. Es algo que atenta contra el derecho de reunión recogido en la Constitución, para la cual exigen su riguroso cumplimiento o la trituran según les venga en gana. Es la plasmación del diseño contra quienes luchan por cambiar un sistema podrido hasta la médula, contra el 15M, contra la PAH, contra las mareas, contra quienes están en las calles, contra los y las de abajo. Esto se está planteando en un contexto en el que al senador del Partido Popular, Francisco Granados, el cacique del chalet de Valdemoro (cómo me suena esa historia de algo parecido en La Rioja), la petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel para los activistas acusados de lanzar un tartazo a Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, le parece poco: “De eso al tiro en la nuca va un paso, un camino muy estrecho”. Debe ser por la especial dureza del merengue francés. Mientras para estas personas la Fiscalía pide cinco años, es la misma Fiscalía la que se opone a la imputación de la Infanta Cristina. Es la justicia que se ceba con unos pero que no investiga o no condena de la misma manera los crímenes del franquismo, el terrorismo de Estado de los GAL, el caso Prestige, el accidente del metro de Valencia, la trama Gürtel, los ERE’s falsos, la estafa de Bankia… Es la justicia de los pobres y la justicia de los ricos.
Intrigado por qué es lo que pensaba sobre este anteproyecto legislativo gente de las propias juventudes del Partido Popular, me decidí a preguntarles. “Pues hombre, siempre que no coacciones, no acoses, respetes el mobiliario…cosas normales en cualquier país civilizado, no tendrás problemas” afirmó uno de ellos en la red encarnando a la perfección lo que Allende calificó que representaban los jóvenes viejos. Ya que dicha persona sacó su arsenal, tocaba responder, qué menos, con munición: “En cualquier país civilizado buena parte de la cúpula del PP estaría en la cárcel”. Se trata de que no impongan su discurso. Multas y no amnistías fiscales para quienes defraudan, multas y no indultos para los corruptos, multas y no indemnizaciones y sueldos (y sobresueldos) millonarios para quienes arruinan. Diga lo que diga esta Ley de Seguridad Ciudadana (algo estarán haciendo bien los de abajo si se pretende endurecer de tal modo la protesta), según nuestra condición precisamente de ciudadanos y ciudadanas también estamos amparados al supremo recurso de rebelión contra la tiranía y la opresión, tal y como se recoge en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su indecencia e indignidad no encontrarán el miedo en la calle. Quien quiera imponer el silencio, tendrá enfrente al pueblo.
EN FORMA DE PALABRA 