Hipocresía y pandereta

*Publicado en Rioja2.com

Hacía meses que no tecleaba por estos lares. Hay una justificación para ello y no es que me haya perdido en las fiestas de algún pueblo o que aún siga celebrando San Mateo. Cuando se tienen varios frentes abiertos hay que cerrarlos poco a poco para seguir avanzando. Este verano ha ido destinado a finalizar de escribir un libro del que pronto habrá más noticias. A veces es necesario alejarse para regresar con más fuerza y en el periodismo, como en la vida, el escapismo debería ser obligatorio. Espero poder compensarles con unas líneas más irreverentes que Ignatius Reilly en ‘La conjura de los necios’. Dispóngase a leer la anatomía de un diagnóstico, eleve el volumen de sus altavoces con Keny Arkana por ejemplo sonando en ellos y sírvase una copa. A ésta invita Rato con su tarjeta.

El brote de ébola, aparte de servir para sacarnos de nuestra comodidad de miras, ha puesto de manifiesto que el Partido Popular es tan peligroso como el propio virus. Son la personificación con causa de la Ley de Murphy. Desmantelan la sanidad pública para hacer negocio con la privada, niegan la formación que demandaba el personal sanitario tiempo atrás para abordar este tipo de casos para finalmente admitir ante la Unión Europea “relajación en algunos procedimientos”. Luego, eso sí, aupados por sus palmeros autómatas y determinados medios de comunicación, que enterraron años atrás la dignidad de la profesión, defienden hipócritamente su gran modelo de gestión.

Sólo así se puede explicar la rueda de prensa (por no llamarle tragicomedia) de Ana Mato, que si no vio lo del Jaguar en su garaje está como para ver una crisis de tal calado. Mención aparte merece la soberbia y la insensibilidad mostrada por Francisco Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de Madrid, criminalizando al eslabón más débil, la enfermera, para ocultar responsabilidades repitiendo episodios anteriores como el del Prestige o el Yak-42. Son inútiles (no como insulto sino como por desgracia lo que les define porque no sirven para estar al frente) pero, además de ello, son cobardes. La guinda la han puesto sacrificado a Excálibur. El año que viene es una buena ocasión para sacrificarles a ellos en las elecciones.

Si el PP es la inyección letal, el PSOE es placebo. Ya está aquí de nuevo la retórica del cambio. ¿Colará otra vez la de hacer la envolvente? Pedro Sánchez, elegido como nuevo secretario general, es de un espíritu renovador tan prominente que vota como consejero de la Asamblea de Caja Madrid la mayor emisión de preferentes, permite sin alzar la voz los desmanes de las tarjetas black o está a favor de reformar la Constitución de la mano con el PP para priorizar el pago de la deuda a la banca y sus intereses por encima de los servicios sociales. Tampoco es muy de debates. Trasquilado del que mantuvo en una cadena con Alberto Garzón y Pablo Iglesias sobre el modelo de Estado, él, inteligente producto de marketing cosmético, es más de llamar a Sálvame o acudir a El Hormiguero. Tanto en el PSOE como en sus votantes hay gente con valores. El problema es que su dirección dejó de tenerlos desde hace mucho.

Pocas cosas detesto más que quienes se suponen fuerzas políticas para el cambio o representantes de los trabajadores y trabajadoras metan la mano o se aprovechen de su cargo público para su beneficio privado. Gente como (in)Moral Santín por parte de Izquierda Unida o diferentes representantes de UGT y CCOO vivían a todo tren a la par que se salvaba a Bankia y se desahuciaba a miles de familias. Los sinvergüenzas que se ocultan bajo esas siglas no hacen justicia a la honradez de la militancia de IU que se parte la cara en las calles y las instituciones y al conjunto de afiliados sindicales que sí representan el espíritu de Marcelino Camacho pero o caen esos corruptos y los responsables políticos de transigir con ellos o la credibilidad de estas organizaciones se verá envuelta en un ambiente de lodazal. No es ser de izquierdas ni de derechas ni de UPyD. Es ser decente.

El cocktail viene acompañado del olor a naftalina del Día de la Fiesta Nacional de España (antiguo Día de la Hispanidad en el franquismo), que trata de evocar a base de grandilocuentes recuerdos y de emociones exaltadas la magnitud de nuestra historia relacionándola con el descubrimiento del nuevo continente. Lo que seguramente no digan las altas instancias de nuestra excelencia patriótica es que lo que en realidad ocurrió en América Latina fue una invasión a modo de conquista colonizadora en la que se produjo el saqueo de sus riquezas, la esclavitud de su población y el exterminio de millones de indígenas, tal y como reflejan los textos de Bartolomé de las Casas o Eduardo Galeano. Nada hay que celebrar ante un genocidio de esa dimensión.

Quienes se limitan a festejar las victorias de la selección española, quienes están en contra de los vascos, catalanes o gallegos o quienes se dedican a soltar las soflamas con las que nos inundan periódicamente en pro de la unidad sólo muestran su puro patrioterismo de pandereta. Patriotas de pacotilla son gente como Jordi Pujol (en treinta años no pudo encontrar un hueco para regularizar su situación fiscal), la orden del sacerdote repatriado con ébola tristemente fallecido (tener una SICAV de 4,38 millones de euros es de un humanismo cristiano desbordante) o el difunto Emilio Botín (ensalzado como hombre “comprometido con su país” dando prueba de ello con sus miles de millones en Suiza). Patriotas de verdad son personas como las que componen la marea blanca defendiendo lo que es de la ciudadanía o concretamente como Teresa Romero, que se lo jugó todo para atender a quien lo necesitaba para luego ser vilipendiada por los responsables de Gobierno. No vale sólo hacer gala de una bandera. Los principios se demuestran con hechos.

El silencio de la ley mordaza

Por su nombre tiene cierto aire de reminiscencia a aquella Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Bajo ese florido nombre se ocultaba la consagración el pago de la deuda y sus intereses a los bancos por encima de mantener un hospital, un colegio o cualquier otra prestación social. Ahora se llama Ley de Seguridad Ciudadana y lo cierto es que de seguridad para la población y carácter ciudadano tiene bien poco. La única verdad que se desprendería de ella es que, efectivamente, va a ser ley. Dicho borrador legislativo será debatido en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios (próximamente será llevado previsiblemente al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica) para acabar posteriormente con su consiguiente aprobación. Ésta vendrá a sustituir a la conocida como ‘ley Corcuera’, que tampoco es que fuera moco de pavo, aumentando las infracciones tipificadas de 39 a 55 así como endureciendo el castigo de las mismas con multas de hasta 600.000 euros. Sí, no he añadido ningún cero por error. 600.000 euros. No es de extrañar que por ello se haya ganado ya el cariñoso apelativo de la “ley de la patada en la boca a la democracia”.

Esta iniciativa, que ya ha sido aplaudida por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, recoge como infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 euros hasta los 600.000 ya comentados) actos como concentrarse o reunirse sin comunicación previa o con prohibición ante las Cortes estatales o autonómicas, usar las redes sociales para este tipo de convocatorias, la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo durante las intervenciones policiales correspondientes durante las manifestaciones (se ve que el vídeo difundido sobre la paliza de varios Mossos d’Esquadra a Juan Andrés Benítez en plena calle en Barcelona, la cual le llevaría a la muerte, ha hecho daño) o los escraches a cargos públicos. Acciones como éstas, sin embargo, han sido en ocasiones archivadas por parte de varios jueces y no han constituido merecimiento de sanción ni pena alguna. Dentro de no mucho estará tipificado como ley, lo cual se venderá a la población como la última innovación en materia de seguridad. Sí, por la suya. Por la seguridad de que no se les plantee molestia alguna a aquéllos y aquéllas que pertenecen a esa élite extractiva política y económica que se hace llamar demócrata pero que presenta este anteproyecto de catadura moral cínica y de dignidad ínfima. Así, dirán que hay que atenerse a la legalidad pero “nada hay tan anárquico como el poder”, que diría el Marqués de Sade.

Es la represión y la criminalización hecha ley (aún más si cabe) a través de una dictadura a base de decreto. Es un ataque cristalino a la separación de poderes si es que aquí alguna vez ha existido tal cosa. Es algo que atenta contra el derecho de reunión recogido en la Constitución, para la cual exigen su riguroso cumplimiento o la trituran según les venga en gana. Es la plasmación del diseño contra quienes luchan por cambiar un sistema podrido hasta la médula, contra el 15M, contra la PAH, contra las mareas, contra quienes están en las calles, contra los y las de abajo. Esto se está planteando en un contexto en el que al senador del Partido Popular, Francisco Granados, el cacique del chalet de Valdemoro (cómo me suena esa historia de algo parecido en La Rioja), la petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel para los activistas acusados de lanzar un tartazo a Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, le parece poco: “De eso al tiro en la nuca va un paso, un camino muy estrecho”. Debe ser por la especial dureza del merengue francés. Mientras para estas personas la Fiscalía pide cinco años, es la misma Fiscalía la que se opone a la imputación de la Infanta Cristina. Es la justicia que se ceba con unos pero que no investiga o no condena de la misma manera los crímenes del franquismo, el terrorismo de Estado de los GAL, el caso Prestige, el accidente del metro de Valencia, la trama Gürtel, los ERE’s falsos, la estafa de Bankia… Es la justicia de los pobres y la justicia de los ricos.

Intrigado por qué es lo que pensaba sobre este anteproyecto legislativo gente de las propias juventudes del Partido Popular, me decidí a preguntarles. “Pues hombre, siempre que no coacciones, no acoses, respetes el mobiliario…cosas normales en cualquier país civilizado, no tendrás problemas” afirmó uno de ellos en la red encarnando a la perfección lo que Allende calificó que representaban los jóvenes viejos. Ya que dicha persona sacó su arsenal, tocaba responder, qué menos, con munición: “En cualquier país civilizado buena parte de la cúpula del PP estaría en la cárcel”. Se trata de que no impongan su discurso. Multas y no amnistías fiscales para quienes defraudan, multas y no indultos para los corruptos, multas y no indemnizaciones y sueldos (y sobresueldos) millonarios para quienes arruinan. Diga lo que diga esta Ley de Seguridad Ciudadana (algo estarán haciendo bien los de abajo si se pretende endurecer de tal modo la protesta), según nuestra condición precisamente de ciudadanos y ciudadanas también estamos amparados al supremo recurso de rebelión contra la tiranía y la opresión, tal y como se recoge en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su indecencia e indignidad no encontrarán el miedo en la calle. Quien quiera imponer el silencio, tendrá enfrente al pueblo.