La dignidad en juego

*Publicado en Rioja2.com

Hacía muchos años que no se veía un clásico como el último disputado en el Bernabéu. El Madrid discutiéndole al Barça el centro del campo y mimando la pelota. Planteamientos conservadores anteriores fueron por fin llevados al destierro. Fútbol contra fútbol sin guardar nada en la recámara en un partido de alto voltaje con idas y venidas. Esa explosiva atracción atrapa, seduce, cautiva. Tanto que da hasta para plantear un artículo aunque sea en otro terreno. Imaginen que Cristiano Ronaldo ha sido clonado para jugar encarnado de periodista. Quizás su torso no sea tan apolíneo como el del original pero sus tantos escritos son igual de efectivos. Sabedor de que los focos del PP y el PSOE riojanos van a estar puestos en este texto, se crece ante la adversidad. Su misión: batir cada una de sus líneas.

Primero Champions y Liga. Resulta un insulto a la inteligencia leer en un artículo a Esther Herranz alias ‘SICAV’, eurodiputada del  PP, pronunciarse a favor de las bondades del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) para el comercio riojano. Lo que en realidad supondrá en caso de ser aprobado dicho tratado (negociado de espaldas a la ciudadanía y negado a ser expuesto a referéndum por PP, PSOE, UPyD y CIU) es la destrucción de centenares de miles de puestos de trabajo, la privatización sin freno de los servicios públicos y el ascenso al poder ilimitado de las grandes multinacionales por encima de los Estados. En ese plantel no habrá fronteras con concertinas como las que defiende el caritativo Conrado Escobar. Primer gol de la jornada. Cristiano enseña sus garras al graderío.

Turno de la Copa de la Comunidad. El Gobierno de La Rioja ha sido condenado a indemnizar a Progea con casi 300.000 euros por ese gran proyecto para unos pocos que era la ecociudad. Gran gestión a la altura de quienes desmantelan la sanidad pública para favorecer a la privada, que sirve de puerta giratoria. Son las mismas personas que luego piden austeridad eliminando diputados para su beneficio electoral pero esta vez no hubo tamayazo alguno. Es tal la desfachatez que hasta Pedro Sanz, tras meterle el marrón públicamente a Carlos Cuevas por lo del préstamo de la sede, queda desacreditado al día siguiente con una carta bancaria contradiciendo su versión, que era más falsa que la avalancha de seguidores árabes de la cuenta de Twitter de Mariano Rajoy. Doblete. CR7 da un brinco, extiende los brazos y grita al cielo.

En el torneo de la ciudad la capitana popular, Cuca Gamarra, insiste en la idoneidad del acuerdo alcanzado para la refinanciación del soterramiento que va a hipotecar durante años a la ciudad. Todo el mundo sabe que lo mejor para la ciudadanía es tener como garantía unos terrenos y en lugar de eso sustituirlos para comprometer los presupuestos y que decenas de millones de euros de todos y todas se vayan destinados a intereses bancarios. En el PP entienden mucho de deudas, sobre todo si son para los demás. Si no, que le pregunten al número dos de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Alberto Guillén, y al concejal Miguel Ángel Merino. Hat-trick. Cristiano se cuadra y hace la señal del comandante pero, en lugar de Blatter, se acuerda de quienes pregonan la transparencia y luego no dejan entrar en su sede para hacer periodismo. Va por ustedes.

Cambio de rival. La última ronda le toca al PSOE, que cuando quiera se puede hacer mirar lo de sus contradicciones. Está muy bien oponerse a lo anteriormente expuesto argumentando que el crédito para el soterramiento hace que la deuda por logroñés aumente en más de quinientos euros, pero eso no casa con pactar agarrado de la mano del PP la reforma de la Constitución, que es lo mismo pero a lo grande. Todos los diputados y diputadas que dieron su consentimiento para ello deberían estar juzgados por un delito de alta traición contra la patria. Con las elecciones en el punto de mira, ahora se preocupan repentinamente por fomentar la participación ciudadana en el Ayuntamiento. La pasada legislatura no les debía interesar tanto el tema cuando, junto al PP y al PR,  aprobaron la Ordenanza Cívica, que limitaba la libertad de expresión, restringía la convivencia y criminalizaba la mendicidad. ‘El Bicho’ sella la victoria y pide calma en el estadio.

El público, harto del corporativismo de siempre, clama en nombre de la decencia. El ‘pequeño Nicolás’ (manda narices cómo se criminaliza con todo tipo de calificativos a quienes intentan cambiar las cosas y lo condescendiente que se es en el lenguaje mediático con la delincuencia de guante blanco) sonríe en su palco promocionado por la FAES, ese think tank que es muy de enfundarse millones de euros en subvenciones y luego propone suprimir el salario mínimo y reducir las prestaciones por desempleo. La cara se le cambia, como al honrado Francisco Granados cuando se descubren sus cuentas en Suiza, al ver a buena parte de los asistentes enfundarse la misma camiseta del equipo de la dignidad y mirarle desafiantes. Tienen claro que el partido clave se juega el año que viene.

Lo importante no es el instrumento a adoptar sino la meta, tal y como afirma el siempre lúcido y sensato Julio Anguita. Ha de ser un órdago popular mayoritario para espetarles que hasta aquí han robado, hasta aquí han mentido y hasta aquí han estafado a la ciudadanía. Más que votantes, que también, lo que se necesitan son combatientes. Se palpa el miedo de algunos a que se les acabe el chollo como César Luena hablando de “partidos accesorios” o Pedro Sanz afirmando que “PP y PSOE tienen que volver al pacto para que movimientos extraños no rompan las columnas de la democracia”. Lo canta Ismael Serrano: “Que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas”. Escucha la llamada.

El silencio de la ley mordaza

Por su nombre tiene cierto aire de reminiscencia a aquella Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad. Bajo ese florido nombre se ocultaba la consagración el pago de la deuda y sus intereses a los bancos por encima de mantener un hospital, un colegio o cualquier otra prestación social. Ahora se llama Ley de Seguridad Ciudadana y lo cierto es que de seguridad para la población y carácter ciudadano tiene bien poco. La única verdad que se desprendería de ella es que, efectivamente, va a ser ley. Dicho borrador legislativo será debatido en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios (próximamente será llevado previsiblemente al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica) para acabar posteriormente con su consiguiente aprobación. Ésta vendrá a sustituir a la conocida como ‘ley Corcuera’, que tampoco es que fuera moco de pavo, aumentando las infracciones tipificadas de 39 a 55 así como endureciendo el castigo de las mismas con multas de hasta 600.000 euros. Sí, no he añadido ningún cero por error. 600.000 euros. No es de extrañar que por ello se haya ganado ya el cariñoso apelativo de la “ley de la patada en la boca a la democracia”.

Esta iniciativa, que ya ha sido aplaudida por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, recoge como infracciones muy graves (multadas con entre 30.001 euros hasta los 600.000 ya comentados) actos como concentrarse o reunirse sin comunicación previa o con prohibición ante las Cortes estatales o autonómicas, usar las redes sociales para este tipo de convocatorias, la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo durante las intervenciones policiales correspondientes durante las manifestaciones (se ve que el vídeo difundido sobre la paliza de varios Mossos d’Esquadra a Juan Andrés Benítez en plena calle en Barcelona, la cual le llevaría a la muerte, ha hecho daño) o los escraches a cargos públicos. Acciones como éstas, sin embargo, han sido en ocasiones archivadas por parte de varios jueces y no han constituido merecimiento de sanción ni pena alguna. Dentro de no mucho estará tipificado como ley, lo cual se venderá a la población como la última innovación en materia de seguridad. Sí, por la suya. Por la seguridad de que no se les plantee molestia alguna a aquéllos y aquéllas que pertenecen a esa élite extractiva política y económica que se hace llamar demócrata pero que presenta este anteproyecto de catadura moral cínica y de dignidad ínfima. Así, dirán que hay que atenerse a la legalidad pero “nada hay tan anárquico como el poder”, que diría el Marqués de Sade.

Es la represión y la criminalización hecha ley (aún más si cabe) a través de una dictadura a base de decreto. Es un ataque cristalino a la separación de poderes si es que aquí alguna vez ha existido tal cosa. Es algo que atenta contra el derecho de reunión recogido en la Constitución, para la cual exigen su riguroso cumplimiento o la trituran según les venga en gana. Es la plasmación del diseño contra quienes luchan por cambiar un sistema podrido hasta la médula, contra el 15M, contra la PAH, contra las mareas, contra quienes están en las calles, contra los y las de abajo. Esto se está planteando en un contexto en el que al senador del Partido Popular, Francisco Granados, el cacique del chalet de Valdemoro (cómo me suena esa historia de algo parecido en La Rioja), la petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel para los activistas acusados de lanzar un tartazo a Yolanda Barcina, la presidenta de Navarra, le parece poco: “De eso al tiro en la nuca va un paso, un camino muy estrecho”. Debe ser por la especial dureza del merengue francés. Mientras para estas personas la Fiscalía pide cinco años, es la misma Fiscalía la que se opone a la imputación de la Infanta Cristina. Es la justicia que se ceba con unos pero que no investiga o no condena de la misma manera los crímenes del franquismo, el terrorismo de Estado de los GAL, el caso Prestige, el accidente del metro de Valencia, la trama Gürtel, los ERE’s falsos, la estafa de Bankia… Es la justicia de los pobres y la justicia de los ricos.

Intrigado por qué es lo que pensaba sobre este anteproyecto legislativo gente de las propias juventudes del Partido Popular, me decidí a preguntarles. “Pues hombre, siempre que no coacciones, no acoses, respetes el mobiliario…cosas normales en cualquier país civilizado, no tendrás problemas” afirmó uno de ellos en la red encarnando a la perfección lo que Allende calificó que representaban los jóvenes viejos. Ya que dicha persona sacó su arsenal, tocaba responder, qué menos, con munición: “En cualquier país civilizado buena parte de la cúpula del PP estaría en la cárcel”. Se trata de que no impongan su discurso. Multas y no amnistías fiscales para quienes defraudan, multas y no indultos para los corruptos, multas y no indemnizaciones y sueldos (y sobresueldos) millonarios para quienes arruinan. Diga lo que diga esta Ley de Seguridad Ciudadana (algo estarán haciendo bien los de abajo si se pretende endurecer de tal modo la protesta), según nuestra condición precisamente de ciudadanos y ciudadanas también estamos amparados al supremo recurso de rebelión contra la tiranía y la opresión, tal y como se recoge en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su indecencia e indignidad no encontrarán el miedo en la calle. Quien quiera imponer el silencio, tendrá enfrente al pueblo.